Mientras un grupo de damnificados por el pago de sumas en efectivo para acceder a casas construidas por el Estado se manifestó ayer por segundo día consecutivo frente a la entrada del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), se conoció que Justicia determinó hace varios días el cese de la prisión preventiva para todos los detenidos de la causa.

Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción resolvió reducir la prisión preventiva fijada por el Juzgado de Instrucción V, y como el plazo ya transcurrió, cesaron las medidas. De esta manera, cesó la preventiva para Elizabeth Rosa Alzogaray, imputada por el fiscal de instrucción Diego López Ávila de liderar una presunta asociación ilícita dedicada a realizar estafas, que ascenderían a $ 8 millones.

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El vocal de la Cámara de Apelaciones, Eudoro Ramón Albo, hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa de Alzogaray, de Luis Ernesto Ramallo (su tío) y Emmanuel Ramallo (su primo) para reducir el período de preventiva que había solicitado la instrucción. “En numerosos pronunciamientos esta vocalía ha sostenido que, dado el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo y la vigencia del principio de libertad durante el proceso, en nuestro sistema procesal, el dictado de la prisión preventiva será procedente sólo en los supuestos previstos legalmente y con los recaudos probatorios que los sustenten”, expresó Albo. “La restricción de la libertad debe ser un medio estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del proceso. Su prolongación inútil en causas que no manifiestan un avance investigativo o en los que se haya concluido dicha investigación, trasuntaría en una evidente lesión al principio de libertad. Por ello, más allá de las previsiones del artículo 285 del Código Procesal Penal de Tucumán y que el Aquo (por el juez de instrucción) ha fijado un término de duración de la cautelar apelada (12 meses para la encartada Alzogaray y ocho meses para los encartados Ramallo), los mismos no resultan razonables en el presente proceso, no respondiendo a los principios de proporcionalidad y necesidad, estimando que en el caso concreto corresponde reducir el plazo de la prisión preventiva a seis meses a partir de las resoluciones dictadas y en consecuencia, tener por cumplido el plazo de las medidas coercitivas y ordenar su libertad, previo cumplimiento de las cauciones que disponga el juez”, agregó.

Investigación penal

La investigación de López Ávila comenzó en enero. Tras una publicación de este diario, se generalizaron las protestas frente a viviendas del Instituto que supuestamente debían asignarse pero los plazos se postergaban. Los damnificados descubrieron que habrían caído en manos de una red que prometía el acceso a las casas cuando comenzaron a compartir capturas de pantalla de mensajes de grupos de Whatsapp, en donde la cantidad de supuestos beneficiarios superaba el número de viviendas. La interventora del instituto, Noemí Ferrioli, realizó una denuncia en la Justicia cuando se publicaron los primeros testimonios.

“Como no trabajamos en rubros con gremios que hayan proyectado viviendas sociales, empleados del instituto nos enviaron a que nos contactemos con una cooperativa, ‘Nuevo Amanecer’, para acceder a una casa. Ahí nos pidieron dinero para armar una carpeta, y pagamos entre $ 5.000 y $200.000 a Alzogaray”, había explicado Manuel Liquitay, uno de los afectados.

Desde la fiscalía informaron que la causa registra al menos 1.833 víctimas y supera los 21 cuerpos. Aguardan que las empresas telefónicas remitan un informe sobre las líneas de celulares de los acusados para hacer el cruce de llamadas y conocer si mantenían conversaciones entre ellos o con funcionarios. Hay más denunciados y son investigados para conocer si tienen vínculos con Alzogaray o habrían utilizado maniobras similares.

La querella de uno de los grupos de damnificados, asumida por Carlos Varela Soria, solicitó una serie de medidas, entre las que se destaca el cruce de llamadas telefónicas entre los teléfonos del vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el ex titular del Ipvydu, Gustavo Durán (fallecido) y su subordinado Miguel Jiménez Augier (cesanteado de su cargo), del concejal capitalino David Mizrahi y de la actual interventora Ferrioli, nombrados en las declaraciones de los imputados y en otros casos similares. Fuentes judiciales informaron que López Ávila no se expidió sobre la solicitud.